Nuevo revés a la Ley Hadopi en Francia

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El Consejo Constitucional invalida una ley de ‘ida y vuelta’ contra las descargas ilegales

  • El Consejo Constitucional galo vuelve a echar por tierra la Ley Hadopi o Création et Internet” del Gobierno conservador de Nicolas Sarkozy, por el que se permite la suspensión de hasta un año de la conexión a Internet de usuarios reincidentes en la descarga ilegal de contenidos audiovisuales para defender los derechos de autor.



Esta ley contra la piratería en Internet, aprobada en segunda vuelta el pasado mes de mayo por el Senado y la Asamblea Nacional, con 296 votos a favor frente a 233 en contra, supone una nueva ‘bofetada’ para el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que se ha convertido en el abanderado de la persecución de los internautas que realizan descargas mediante P2P en nombre de los derechos de autor.

Los miembros de este organismo judicial consideran que la presunción de inocencia y la libertad de expresión están por encima de los derechos de autor. Según su resolución, sólo un juez tiene competencia para impedir el acceso a Internet a los usuarios, y no una autoridad administrativa, como recogía esta ley. Por tanto, sólo una sentencia judicial podrá permitir la desconexión de los internautas.

De este modo, el Constitucional da la razón al partido socialista que presentó un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la Hadopi iba en contra de la Carta Magna francesa. De algo ha servido las decenas de sesiones parlamentarias celebradas sobre el tema y del gran debate nacional (e internacional) que ha propiciado esta controvertida ley que, para muchas voces, vulnera los derechos básicos de la ciudadanía.

Esta votación ratifica la votación del pasado 9 de abril, cuando el absentismo de los diputados del partido gubernamental (UMP) permitió a los socialistas abortar el proyecto de Nicolas Sarkozy. 15 votos a favor, frente a 21 en contra en un hemiciclo casi vacío que cuenta con 577 escaños. El resultado fue recibido por los diputados de la izquierda puestos en pie entre aplausos.

La última lectura del texto establecía que el usuario sorprendido en un acto de piratería se arriesga a permanecer desconectado entre seis meses y dos años, según la gravedad del acto. Eso sí, la nueva ley francesa ‘ofrecía’ un margen de confianza haciendo efectivo el castigo después de tres avisos. El primero aviso, una advertencia por e-mail; si existía reincidencia, recibirían un segundo por correo certificado o teléfono; la tercera advertencia procedería de la Hadopi (Alta Autoridad Para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet), encargada de vigilar esta práctica. En este punto se abriría la posibilidad de un acuerdo si el internauta reconoce el delito, en cuyo caso sólo perdería Internet unos meses. De no llegar a un pacto, se podría ampliar a dos años. En este caso deberían seguir abonando la cuota de conexión durante el período de sanción (doble castigo).

En el texto sometido a votación se incluía disposiciones para evitar que los “piratas” eludieran la medida a través de un cambio de proveedor de Internet. Se dice que la norma contaba con un presupuesto capaz de enviar 3.000 cartas certificadas y 10.000 mensajes electrónicos, además de sancionar a 1.000 internautas, todo al día.


Reacciones

Poco le ha durado a Sarkozy la satisfacción de sacar adelante una ley que pretendía extrapolar al resto de los países comunitarios, con poco nivel de aceptación. Su figura representativa, la ministra de Cultura, Christine Albanel, defendió esta ley contra viento y marea, manifestando a diversos medios de comunicación que estaba “decidida a luchar” por sacar adelante el texto, calificado por ella como “equilibrado”, cosa que finalmente no ha conseguido. Previamente la ministra se había encargado de avivar la situación declarando que “el acceso a Internet no es un derecho fundamental”, como respuesta a un diputado que proponía introducir una cláusula señalando que la red es un derecho fundamental de los ciudadanos, lo que a la larga repercutiría en una imposibilidad legal para cortar el servicio. “Sabemos bien la importancia que Internet tiene en todos los sectores de la vida a día de hoy, pero tener en casa un acceso a la red, sabiendo que puedes contar con él por todas partes, no puede ser calificado de derecho fundamental”, defendió la Ministra.

Las medidas que se estudian en España pasan por una penalización económica o la reducción de la velocidad de ADSL de los usuarios que descarguen contenidos en redes de intercambio de ficheros

Pero más notable es la oposición con la que ha contado la ley en el país. La izquierda, que considera la norma ilegal, tenía previsto enviar el texto de la ley al Consejo Constitucional. Los socialistas galos, inicialmente a favor, manifestaron la idea de que sólo un juez puede cortar el acceso de un ciudadano a Internet, como así ha resultado finalmente.

Los partidos de la oposición se mostraron perplejos ante el desarrollo de los hechos, especialmente teniendo en cuenta los objetivos del plan France Numerique 2012, lanzado por el secretario de Estado para potenciar el acceso a Internet ADSL y una economía digital. Los diputados afirmaban a ‘bombo y platillo’ que las dos posturas (la Ley Hadopi y el plan) tenían “un carácter contradictorio”. Mientras que los críticos sostenían que la medida sería difícil de aplicar ya que no todas acciones ilegales del internauta pueden localizarse a través de la IP, sin olvidar que la piratería puede también hacerse mediante streamming. Además, aseguraban, que existe el riesgo de que usuarios honrados sean penalizados injustamente.

También empresas de telecomunicaciones y operadores se mostraron contrarios a la ley por ser represiva e inhibir la prevención. Las críticas más radicales surgieron de las asociaciones de consumidores que consideraban el proyecto un “monstruoso, inútil, represivo y desmesurado”. Especialmente, porque la defensa de la industria cultural beneficia a las grandes compañías tanto como perjudica a los usuarios. Los internautas también entraron en el debate. De hecho, algunos de los afectados ya se autoinculparon. Por su parte el Réseau des Pirates lanzó un manifiesto titulado: “sí, somos piratas”.

Según un sondeo publicado en el semanario Journal du Dimanche, el 60 por ciento de los internautas se declararon “no favorables” al proyecto de ley, contra un 33 por ciento que lo defendía. Además, el 69 por ciento de los encuestados consideraba que la ley no sería eficaz y el 24 por ciento reconocía haber descargado ilegalmente música o películas.

Sin embargo, profesionales del mundo de la cultura, cantantes y cineastas, apoyan la norma. “Los artistas necesitan ganarse la vida. Los estamos arruinando. Tenemos que reaccionar y tener el valor de asumir nuestras responsabilidades”, declaró Jean-Francois Cope, portavoz en la Asamblea Nacional del partido gobernante.

El Gobierno francés afirma que la piratería ha diezmado la industria del disco y ha comprometido la viabilidad económica del cine y de la televisión. Alrededor del 95 por ciento de la música descargada en todo el mundo el año pasado no pasó por caja. La cifra es tan llamativa como el dinero que hubiera costado desarrollar este dispositivo de vigilancia, unos 70 millones de euros.


Papel mojado por la directiva europea

De ser aprobada la Ley Hadopi tampoco se hubiera asegurado su puesta en marcha al convertirse en papel mojado por la aprobación de la enmienda 138 del Paquete Telecom de la Unión Europea, en la que se indica que ninguna instancia ajena a la judicial pueda determinar el cierre de una página o la desconexión a la Red.

La posición de Bruselas en torno al corte de Internet como sanción coercitiva por las descargas ilegales era totalmente contraria al gobierno francés, impulsor de esta medida. El pleno de la Eurocámara aprobó, el pasado 27 de marzo, un informe sobre el refuerzo de la seguridad y la protección de las libertades fundamentales en la Red en el que rechazó este castigo para penalizar a aquellos usuarios que descarguen contenidos desde redes P2P.

 

Richard Ying/CC BY-SA 2.0 GENERIC

El Parlamento francés el día de la votación remarcada por el

absentismo de los diputados.

“Los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a la denegación de dicho acceso como medio para imponer sanciones”, reza el citado informe del diputado socialista griego Stavros Lambrindis, y cuyas conclusiones han sido publicadas por Silicon News. El eurodiputado considera que el corte de Internet no está justificado por su capital importancia en la formación e información de la ciudadanía en la actual sociedad. “El analfabetismo electrónico será el analfabetismo del siglo XXI y, por lo tanto, asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet significa garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a la escolarización”, opina Labrindis.

A finales del pasado año, la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, se desmarcó de la polémica francesa y aseguró que el Ejecutivo comunitario “no puede ser utilizado para solventar problemas nacionales” en materia de infracción de los derechos de autor en Internet. La Comisión abogó por “calmar el debate” y subrayó la importancia de crear “nuevos modelos de negocio” para difundir contenidos en la Red, que satisfagan a los creadores, los proveedores y a los ciudadanos y que tengan en cuenta el desarrollo de las tecnologías y la forma de consumir esos productos.

Pero Italia sí muestra interés por esta media francesa de cortar Internet tras tres avisos a aquellos que descarguen contenidos de manera ilegal, y también trabaja en un proyecto similar. Reino Unido también contempló la posibilidad, pero pronto la rechazó, por considerarla incompatible con sus leyes. Aunque la medida que tiene más papeletas de salir adelante es un canon que se aplicaría a las facturas de banda ancha, como ocurre en España en los dispositivos digitales.

En Suecia ya entrado en vigor su propia ley contra la “piratería cibernética”. La normativa es una adaptación de la Directiva de Aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual (IPRED, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea de 2004. Ésta permite al poseedor de los derechos de propiedad intelectual de una obra recurrir a un tribunal para solicitar que se obligue al servidor de Internet a desvelar la identidad oculta tras una dirección IP que ha compartido archivos de forma ilícita. El artista o la discográfica afectados podrán reclamar, por ejemplo, una indemnización que cubra el “daño real” provocado o presentar una demanda civil. Aunque en la norma se recoge que el intercambio de archivos en cuestión debe de tener “cierta dimensión” ya que la copia de archivos descargados para uso personal está permitida.

La denominada Agencia Antipirata, organización sueca que agrupa a la industria audiovisual, ha anunciado que echará mano de la ley para perseguir a los “piratas cibernéticos”.


En España…

En España, operadores de telefonía, representados por la asociación Redtel, y agentes de la industria de contenidos, comandados por la SGAE, negocian desde hace meses, por mandato del Gobierno, el modelo de control a las descargas ilegales que se impondrá a corto plazo. Fuentes de esa mesa de negociación explicaron a El Mundo, que la decisión de la Eurocámara no afectará a esas conversaciones, ya que en España “los operadores se oponen al corte completo de la Red por descargarse una película”.


A cambio, las medidas que se estudian pasan por una penalización económica o la reducción de la velocidad de ADSL, de los usuarios que descarguen contenidos en redes de intercambio de ficheros, tras varios avisos de un organismo autónomo, que sería de nueva creación y cuya vía de financiación aún no se ha decidido. La propuesta ha salido desde la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que gestiona los derechos de autor.

Se trata de una propuesta que judicialmente no supone ningún problema que sí crearía la opción de desconexión. Además, las operadoras podrían asumir esta medida ya que en sus ofertas de banda ancha ya lo hacen. La cuestión sería cómo identificar a los usuarios que realizan estas descargas.

Sin embargo, esta no será la única medida que ha propuesto la Coalición. También se habla de alcanzar acuerdos que regulen los contenidos digitales de la Red, campañas educativas para los usuarios de Internet o la creación de un sello distintivo para sitios web con oferta legal de contenidos digitales.

Desde la asociación de consumidores Facua se oponen a este tipo de medidas y avanzan que preparan una campaña para que los usuarios conozcan sus derechos en Internet.


Obama aprueba multas elevadas por descargas ilegales

La administración de Barack Obama está de acuerdo con la asociación de la industria discográfica estadounidense, RIAA, en aplicar multas de 150.000 dólares por cada tema musical descargado ilegalmente. Y es que en el gobierno participan algunos partidarios de dicha industria. Además del vicepresidente Joe Biden, dos de los abogados de la Secretaría de Justicia han trabajado para esta asociación, Donald Vierelli y Tom Perelli.


Un poco de historia

En 2003, Joel Tannenbaum recibió una carta donde se le acusaba de descargar siete canciones de una red P2P por lo que debía pagar una multa de 3.500 dólares. Para salir al paso, ofreció a la RIAA 500 dólares, pero no fue suficiente. No pasó nada hasta 2007 cuando varias compañías discográficas lo llevaron a los tribunales donde el implicado ofreció 5.000 dólares, pero la RIAA pedía 10.500.

El caso nunca fue resuelto y todavía está en curso. Tannenbaum es ahora un estudiante graduado en Física en la Universidad de Boston y está representado por estudiantes de Derecho de la Harvard Law. Estos argumentan en contra de lo que llaman daños inconstitucionalmente torpes que derivan de la Ley de Disuasión Digital, Robo, Daños y Derechos de Autor de 1999, que establece para cada acto de ‘pirateo’, daños y perjuicios de hasta 150.000 dólares.

Pero el Departamento de Justicia de Obama ha rechazado todas las alegaciones del demandado. Según el escrito del fiscal, el tribunal deberá rechazar los argumentos de la defensa en cuanto ésta cuestione la constitucionalidad de la Ley. Una sentencia que, de llevarse a cabo, disuadirá a futuros usuarios de redes P2P.

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