En un comunicado emitido el día 10 de abril por la Eurocámara, no vinculante pero sí orientativo, se anuncia que se ha aprobado “un informe que señala que la ‘criminalización’ de los consumidores sin ánimo de lucro no es la solución para combatir la piratería. Los diputados apuestan por “concienciar a los jóvenes sobre el respeto de los derechos de autor”.

Por ello, la Eurocámara se ha pronunciado en contra, manifiestamente, de las medidas que Sarkozy, en Francia, y Brown, en Inglaterra, han puesto en marcha, exigiendo a las operadoras que denuncien la descarga de contenidos protegidos y corten el acceso a la red, sin permiso previo de juez alguno, a los supuestos infractores. Según el informe, no vinculante, se deben buscar soluciones “en aras del equilibrio entre las posibilidades de acceso a las actividades y contenidos culturales y la propiedad intelectual que garanticen una remuneración equitativa y real para todos los titulares de derechos, una verdadera libertad de elección para los consumidores, y la diversidad cultural”.

Tal como reconoce, veladamente, la declaración del Parlamento europeo, estima “vital” una reforma de los derechos sobre la propiedad intelectual, sin olvidar que estos derechos son “indispensables para la supervivencia de las industrias culturales”.